sábado, 24 de enero de 2015

Minera Yanacocha amenaza y golpea a Máxima Acuña

Algunos, suponemos bienintencionados, lo llaman "matonería empresarial"; y otros, más inocentes, lo califican como "injusticia". Para nosotros, sin restarle importancia a lo anterior, es una mierda; una total y rotunda violación a los derechos constitucionales a internacionales que rigen nuestra legislatura y la de otra centena de países integrantes del emisferio occidental del planeta. Pero también lo consideramos una violación a ese sagrado bastión que los derechistas y defensores del "libre mercado" defienden con tanta vehemencia: La propiedad privada. Esa misma propiedad privada es la que hace unos días fue violada, atropellada y pisoteada por la Minera Yanacocha, de propiedad mayoritaria de la multinacional estadounidense Newmont Mining Corporation.


Era aproximadamente el mediodía del 20 de enero de 2015. Máxima Acuña y su esposo Jaime Chaupe y su familia se encontraban en su casa, dentro de su propiedad (ojo: dentro de "su propiedad privada") a orillas de la Laguna Azul, en el sector conocido como Tragadero Grande, en Cajamarca, Perú; cuando más de 15 efectivos de nuestra flamante e intachable Policía Nacional del Perú acompañados de varios agentes rabiosos y bien amaestrados de Securitas Perú, empresa que le brinda el servicio de seguridad (y probablemente otras cosas turbias) a la Minera Yanacocha, irrumpieron sin previo aviso en casa de la señora Acuña y su familia para amedrentarlos, amenazarlos, golpearlos y simplemente desterrarlos de allí, y lo repetimos, de la "propiedad privada" de la señora Acuña y su familia. Los efectivos de la PNP y los de Securitas Perú, claro está, no tenían ninguna orden judicial para tal propósito, ni tampoco iban acompañados de ningún miembro de la Fiscalía de la Nación, únicos con el poder de efectuar una "orden de desalojo" en nuestro país, según así lo establece nuestra legislatura y la misma carta magna de nuestra república, la Constitución Política del Perú. Y en el colmo de tal atropello, los efectivos policiales despojaron al señor Jaime Chaupe, esposo de la señora Acuña, de su celular cuando este se propuso fotografiar el abuso de poder de la PNP y el atropello de los agentes de Securitas Perú, lo cual es, para usar el mismo lenguaje anticomunista de los ultraderechistas del mundo, una "expropiación ilegal de la propiedad privada".


Para esto, hay que contextualizar que la señora Máxima Acuña compró dicho terreno, con el inmueble allí presente, en el año 1994 de la Comunidad Campesina de Sorochuco, antigua propietaria del terreno en cuestión, la misma que le expidió los títulos de propiedad correspondientes. 

Sin embargo, la Minera Yanacocha ha interpuesto desde el año 2010 una serie de acciones judiciales contra la señora Acuña acusándola de apropiación ilícita del terreno con el fin de despojarla y desalojarla de su propiedad, pues el objetivo de la minera es drenar la Laguna Azul para de allí extraer oro a tajo abierto. Pero, como es obvio, ninguna de las acciones judiciales emprendidas por la Minera Yanacocha ha dado frutos, y las leyes peruanas han reconocido ya varias veces que la señora Máxima Acuña es la única y legítima propietaria de esa propiedad, tal como lo hizo la segunda sala penal de apelaciones de la Corte Superior de Cajamarca en diciembre de 2014.


Pese a ello, pese al reconocimiento por parte de la justicia peruana de que Máxima Acuña es la única y la legítima propietaria de esa propiedad, la Minera Yanacocha no ha reconocido el fallo, y ha apelado (y claro, cuando se tienen millones de por medio, se puede apelar y apelar eternamente), por lo cual sigue haciendo y deshaciendo a su antojo, sin que ninguna ley ampare ni dé protección a la señora Acuña. 


Esto, claro está, es un atropello, un abuso y una violación, incluso de Derechos Humanos, pues la Minera Yanacocha no solo está irrumpiendo ilegalmente en la propiedad privada de Máxima Acuña, sino que también la está amenazando, acosando, amedrentando, insultando, mellando y hasta secuestrando (pues se le impidió tomar fotos, realizar llamadas o desplazarse con libertad, por ejemplo, para huir si fuera el caso), y en el colmo expropiando ilegalmente la propiedad privada de esta y de su familia.

Recordemos, pues, que la amenaza y el secuestro en cualquier grado es una de las muchas razones por las cuales miembros de Sendero Luminoso y el MRTA están purgando cárcel en la actualidad, y muchos con cadena perpetua. ¿Se le dará el mismo trato a los miembros de la PNP, de Securitas Perú y de la Minera Yanacocha? 


Pensemos un poco por favor, porque esto sí que es serio. Ahora resulta que la Policía Nacional del Perú, nuestra gloriosa y amada fuerza policial, intachable PNP, no es más que la fuerza asalariada y militarizada de los grandes capitales como Yanacocha (¡oh!, vaya novedad); y que todas esas empresas que brindan el "servicio de seguridad" como Securitas Perú tienen carta libre para ir por allí como un cuerpo de élite también al servicio de las empresas que puedan contratar sus servicios de amedrentamiento. Y resulta ahora que las multinacionales mineras como Yanacocha Perú y Newmont Mining Corporation pueden venir a acá a hacer lo que se les venga en gana. ¿Dónde carajos creen que están? 


Señores, la propiedad privada no solo es una figura legal para beneficio de las grandes corporaciones y los grandes capitales, tanto nacionales como internacionales o multinacionales, sino que también es una figura legal para el beneficio privado de cada individuo, asociación, cooperativa, comuna o agrupación campesina. Hacer valer nuestros derechos no es ir en contra del desarrollismo multinacional estadonunidense y occidental, ni tampoco ir en contra del progreso nacional de la ultraderecha neoliberal extractora y extranjerista. Señores, defender nuestros derechos no es ser un antisistema, ni tampoco un terrorista. Defender nuestros derechos no quiere decir que seamos unos altaneros, ni unos revoltosos, como ciertos medios de comunicación quieren dar a entender (y sino, pregúntenle pues al Grupo El Comercio). Los derechos son para todos: Individuos, asociaciones, colectivos, cooperativas, comunas, agrupaciones campesinas y empresas privadas. 

Puede que el Presidente de Cajamarca, Gregorio Santos, esté encarcelado injustamente por la ultraderecha limeña que a capa y espada quiere convertir a Cajamarca en una región privatizada y desolada para uso y usufructo de los capitales extranjeros multinacionales que vienen a acá a llevarse todas nuestras materias primas sin ningún respeto a nuestras costumbres, culturas y propiedades, y por tanto sin ningún respeto a nuestro derechos nacionales y constitucionales, reconocidos y amparados en los derechos internacionales, en la Carta Interamericana de Derechos Humanos y en el Carta Magna de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Máxima Acuña está en pie de lucha, y Cajamarca con ella. Y con ellos, nosotros también.




Sábado 24 de enero de 2015
GianGian Producciones

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