martes, 9 de septiembre de 2014

Comuneros asháninkas son asesinados y descuartizados por los madereros ilegales en Ucayali

Debido a la lejanía e incomunicación a la que son sometidas por el Gobierno las comunidades asháninkas de la amazonía peruana, lamentamos comunicar recién el día de hoy que el pasado 1 de setiembre de 2014 han sido asesinados en Ucayali, en la Comunidad de Alto Tamaya-Saweto, cuatro comuneros asháninkas, quienes fueron descuartizados por los madereros ilegales que están destrozando la selva amazónica protegida de Ucayali en territorio asháninka, cerca a la frontera con Brasil.


El crimen ocurrió la semana pasada, cuando los cuatro comuneros asháninkas estaban trasladándose de su comunidad en el río Tamaya hacia la aldea brasilera de Apiwtxa para participar en una reunión multilateral de coordinación contra la tala ilegal de sus territorios con la Fundaçã Nacional do Índio (FUNAI) de Brasil, como lo informó el Presidente de la Asociación de Comunidades Nativas Asháninkas de Masisea y Callería (ACONAMAC), Reyder Sebastián Quinticuari.


Los comuneros, Leoncio Quinticima Meléndez, Francisco Pinedo, Jorge Ríos Pérez y su líder, Edwin Chota Valera, fueron amarrados, baleados y luego descuartizados con el fin de esconder los cadáveres. El atroz hecho fue perpetrado frente a sus familiares, y denunciado por representantes de FUNAI y de la organización ORAU de Ucayali ante las autoridades peruanas de la región fronteriza, quienes ya estaban advertidas de las amenazas en contra de los comuneros y de su líder Edwin Chota Valerra, quien llevaba ya varios años en la lucha contra los madereros ilegales y narcotraficantes que no solo invaden los territorios asháninkas, sino que también las expropian con el fin de explotarlas, desplazando a sus comunidades.

Edwin Chota Valera era, pues, un luchador incansable de la defensa de los derechos legítimos, constitucionales e internacionales de su pueblo, los asháninkas. Ya en diversas y repetidas ocasiones había denunciado el actuar y atropello de los madereros ilegales, no solamente ante las autoridades del Gobierno peruano, sino también ante diversas entidades internacionales y extranjeras, como la National Geographic, la BBC y otras. Y mientras que en nuestro país el Gobierno peruano aún no da declaraciones al respecto, ni toma medidas para evitar crímenes como el ocurrido, en el extranjero la muerte de Chota Valera ha conmocionado los noticiarios.

El siguiente video, grabado en abril de 2003, es una entrevista brasilera hecha a Chota Valera:

Hay que recordar que a este crimen se sumaría al hecho de que las comunidades en aislamiento voluntario han duplicado en 2014 sus acercamientos a asentamientos poblados con el fin de buscar alimentos y armas blancas (como machetes y lanzas), por lo cual se podría presumir que estas comunidades en aislamientos voluntario estarían siendo atacadas y desplazadas tanto por los madereros ilegales como por los narcotraficantes, lo cual pondría en peligro su supervivencia.
Por su parte, la Viceministra de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, Patricia Balbuena Palacios, ha señalado que un equipo de su despacho llegará a Pucallpa para atender las demandas de los pobladores de la comunidad de Alto Tamaya-Saweto, con el fin de coordinar con la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú (PNP) las acciones que se tomarían para investigar y condenar el crimen ocurrido.

Ahora, bien, nosotros nos preguntamos si a eso se le puede llamar una "demanda", pues el derecho de los asháninkas a su defensa, a su integridad física y cultural, así como el derecho a sus propias vidas, no debería de ser una "demanda" que el Gobierno en su misericordia "atenderá", cuando ese es un derecho, que tanto la Constitución de la República del Perú, así como el Derecho Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos garantiza. Compañeros, ese debería de ser un derecho garantizado y no una demanda. El Gobierno, en su ineficacia, inutilidad y desidia está dejando que los pueblos originarios de la Amazonía peruana sean aniquilados por los narcotraficantes y por los madereros y ganaderos que invaden sus tierras y las zonas y reservas protegidas por la legislatura nacional. ¿Dónde está la autoridad del Gobierno central y regional? ¿Dónde está el poder de coacción estatal que debería de garantizar tanto la protección de las comunidades amazónicas como la asháninka, sino también de las áreas amazónicas protegidas y de lo frontera y sus pasos fronterizos? ¿No debería el Gobierno central también combatir a los madereros ilegales así como combate supuestamente al narcotráfico en el VRAEM?
GianGian Producciones
Martes 9 de setiembre de 2014

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