Diez años del Informe Final de la CVR

Hoy se cumplen diez años desde que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) del Perú emitiera su Informe Final sobre lo que fue el conflicto interno nacional entre las Fuerzas Armadas del Estado (de los gobiernos de Fernando Belaúnde Terry, Alan García Pérez y Alberto Fujimori Fujimori) y los grupos armados terroristas Partido Comunista del Perú - Sendero Luminoso (PCP - SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaro (MRTA).

 

 

Diez años han pasado, y poco, o nada, han hecho los gobiernos que se han sucedido desde el 28 de agosto de 2003 para llevar a cabo las recomendaciones que la CVR emitió en su Informe Final, ya que la derecha, aliada con la Iglesia Católica, con algunos grupos evangélicos y con el fujiaprismo corrupto y genocida, ha sabido muy bien cómo aprovecharse de los crasos errores del Informe Final de la CVR para deslegitimar, tanto el Informe Final como a la propia CVR.

 

 

Algunos, como el señor Juan Luis Cipriani Thorne, Cardenal de la Iglesia Católica en el Perú, piensan que "los Derechos Humanos son una cojudez", nefasta declaración que ese puerco y sádico católico diera cuando aún era obispo auxiliar de Ayacucho (la ciudad peruana más devastada por el conflicto armado interno). Para otros, los Derechos Humanos son invenciones de la izquierda internacional aglomerada en las ONGs "antisistema". Otros, poco menos radicales, sostienen que lo que acá pasó durante el conflicto armado interno fue todo culpa del terrorismo salvaje y genocida. Mientras que otros, totalmente negacionistas, como los fujimoristas, sostienen que acá no hubo ningún conflicto armado interno, sino un accionar meramente terrorista en contra del Estado peruano. Pero lo que acá hubo fue, en realidad, un accionar terrorista acrecentado por el terrorismo de Estado que los gobierno de Fernando Belaúnde Terry, Alan García Pérez y Alberto Fujimori Fujimori implementaron de forma sistemática en todo el territorio nacional.

 

Pero a todo esto, "caviares", les gritan hoy en día a los excomisionados de la CVR, y a sus defensores, los derechistoides amantes del fujimorismo, amigotes del aprismo y defensores de los militares asesinos. Desfilan entre aquellos los mismos fujimoristas y apristas como también algunos disque "líderes de opinión" como Aldo Mariátegui Bosse, Jaime De Althaus Guarderas, Nicolás Lúcar de la Portilla y Mónica Delta Parodi (estos dos últimos antiguos títeres televisivos del amarillista, populista, genocida y monstruoso régimen fujimorista durante la década de 1990). Se adjudican la verdad, y despotrican de la CVR porque en su Informe Final registraron para la posteridad lo que desde siempre debió de ser innegable: Que las Fuerzas Armadas del Estado peruano, conjuntamente con los cuerpos policiales, los ronderos y paramilitares del Estado peruano, durante las dos décadas que duró el conflicto armado interno, aniquilaron a la población civil como si de cucarachas se tratara. Poblados enteros, familias completas, árboles genealógicos extinguidos de la noche a la mañana por las fuerzas que, según la Constitución, debieron de protegernos, a nosotros, los ciudadanos, de las huestes terroristas y sanguinarias de Sendero Luminoso, aquel grupete de polpotistas-maoístas que a punta de sangre y masacre arrasaron con la población civil a la que, supuestamente, iban a salvar y liberar del yugo imperialista del poder capitalista empoderado en la capital del país gracias al centralismo colonial de los oligarcas y terratenientes de saco y sombrero de copa que parasitaban en el Parlamente Nacional de la República. Pero en ninguno de los dos casos fue así. Ambos bandos, el estatal y el terrorista, arrasaron con la población civil, masacrándola, asesinándola, desplazándola, secuestrándola, en fin, exterminándola.

 

 

 Le critican al Informe Final de la CVR, pues, que la inflada cifra de 69,280 víctimas, entre muertos y desaparecidos, es falso, porque el método estadístico que se usó para contabilizar a las víctimas se usa, en realidad, para contabilizar pájaros, cardúmenes y animales silvestres, y que incluso el método estadístico fue forzado por trucos estadísticos para no dejar mal a los agentes del Estado, porque como reconoce el propio David Sulmont (uno de los excomisionados de la CVR), "si no hacíamos la estimación final y solo dábamos cuenta de los 24,692 casos, los agentes del Estados hubieran aparecido como principales responsables".

En efecto, según pudo registrar la CVR a través de su investigación, además de la lista de víctimas confeccionada por las ONGs de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo, se registraron 24,692 víctimas documentadas, con nombre y apellido, entre muertos y desaparecidos, desde 1980 hasta el año 2000. Sin embargo, prácticamente la mitad de dichas víctimas habían sido causadas por el accionar de las fuerzas del Estado peruano, mientras que poco más de la mitad de las víctimas habían sido causa del accionar terrorista. Las cifras, y la documentación, le adjudicaban a las fuerzas estatales (militares, policías, ronderos y paramilitares) la truculenta cantidad de 11,564 víctimas, mientras que 9,243 víctimas a Sendero Luminoso y 3,885 víctimas a otros grupos armados (el MRTA y otros no determinados). Lo que se buscó, entonces, y según lo admiten Sulmont, Carlos Tapia, entre otros excomisionados de la CVR, fue hacer lo posible por evitar dejar a las fuerzas del Estado más mal de lo que ya estaban.

 

 

No obstante, la cifra, sea de 96,280 ó de 24,692 víctimas, es y seguirá siendo una completa y triste irrealidad, pues la CVR, tal como lo reconocen sus excomisionados, nunca pudo llegar al VRAEM (Valle del Río Apurímac, Ene y Mantaro) ni a muchas otras localidades, zonas y regiones del territorio nacional, sobre todo de la selva peruana, dadas las circunstancias y el tiempo que tuvieron para realizar las investigaciones de documentación. Es así que al día de hoy, la triste realidad es que nadie, a ciencia cierta, puede afirmar ni dar siquiera una cifra aproximada de cuántos ciudadanos peruanos murieron en la selva peruana víctimas del conflicto armado interno. Eso, probablemente, va a ser siempre un oscuro y escalofriante misterio en la ya turbia y sangrienta historia del Perú.

 

 

Lo cierto aquí, a diez años del Informe Final de la CVR, sean o no 96,280 las víctimas del conflicto armado interno del Perú, o solamente 24,692 las víctimas, es que murieron personas a manos del terrorismo (Sendero Luminoso, MRTA y otros) y también a manos del Estado (Fuerzas Armadas, Policía Nacional, cuerpo de ronderos y los grupos paramilitares que operaron, respectivamente y a conocerse, durante los gobiernos de Alan García Pérez y Alberto Fujimori Fujimori, como el Grupo Scorpio, el Batallón Patriota, el Comando Rodrigo Franco, el Grupo Colina y tantos otros aún por descubrir).

Y no importa si aquellas 24,692 víctimas fueron de izquierda o derecha, si tuvieron o no partido o ideología. Porque son seres humanos, civiles y ciudadanos peruanos que jamás debieron de estar frente al fuego cruzado de los terroristas y las fuerzas del Estado.

Contra esa realidad, no hay argumento ni ideología que pueda plantearse negacionista de lo que acá en el Perú sucedió hasta principios del siglo XXI y desde finales de la década de 1970, cuando las pequeñas guerrillas revolucionarias que desde la década de 1950 y 1960 habían empezado a surgir en la sierra peruana fueron conformando las filas del MRTA y de Sendero Luminoso.

 

 

En el Perú hubo un conflicto armado interno entre las fuerzas del Estado y los grupos terroristas, y esa es una página en la historia del Perú que jamás debe de olvidarse, pues es responsabilidad de cada peruano, adulto o no, hombre o mujer, y sea cualquiera su ideología, su raza, su credo y/o su profesión, que aquellos sangrientos y horrendos hechos jamás vuelvan a repetirse.

 

 

 

Miércoles 28 de agosto de 2013
(Fotografías: Archivo de la muestra fotográfica Yuyanapaq de la CVR)

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