¡AUTOGOLPE Y REPARTIJA EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA!

Mientras que el Papa Francisco I ha anunciado que concederá indulgencias plenarias por pecados a quienes lo sigan en Twitter, acá en el Perú los congresistas de la república se han repartido de la manera más vergonzosa los tres poderes autónomos del Estado: El Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y el Directorio del Banco Central de Reserva.

 

 

En el Directorio del Banco Central de Reserva, que ha funcionado desde hace ya muchos años con solo cuatro miembros, han entrado para sumar siete miembros los señores Drago Kisic Wagner, Gustavo Yamada Fukusaki y Francisco González García, tres liberales de larga carrera y amplio apoyo a las medidas neoliberales del actual Gobierno.

En la Defensoría del Pueblo ha sido elegida la corrupta señora Pilar Freitas Alvarado, quien entre otras cosas durante el gobierno del Presidente Alejandro Toledo Manrique se hizo ilegalmente con el dominio de la Fundación Canevaro.

Para el Tribunal Constitucional fueron elegidos seis nuevos magistrados de los siete que lo conforman. El oficialismo ha logrado colocar a tres de ellos, quienes son Cayo Galindo Sandoval, Víctor Mayorga Miranda y Francisco Eguiguren Praeli; mientras que el Partido Democrático Somos Perú (de Fernando Andrade Carmona) colocó a Ernesto Blume Fortini y  el Fujimorismo ha logrado colocar a Víctor Rolando Sousa Huanambal y también a José Luis Sardón De Taboada (un liberal y simpatizante fujimorista camuflado).

Sousa es propietario de un estudio de abogados junto con César Nakasaki Servigón, siendo ambos abogados del exdictador y genocida Alberto Fujimori Fujimori, de la familia Sánchez Paredes, acusada por narcotráfico, así como de Nicolás Hermosa Ríos y Julio Salazar Monroe, ambos acusados por actos millonarios de corrupción así como por violación de Derechos Humanos. Sardón, a parte de ser Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), es un declarado liberal y un confeso simpatizante fujimorista, afición que leva camuflada y en las sombras de su escritorio. Galindo y Eguiguren, por su parte, son acusados por corrupción, manifestando este último además que el impedimento a la "candidatura conyugal" (Ollanta Humana Tasso - Nadine Heredia Alarcón) es "anticonstitucional".

 

La repartija se consumó en la tarde del día de hoy, miércoles 17 de julio de 2013, cuando votaron en bloque el oficialismo (Partido Nacionalista Peruano - Gana Perú) en alianza con los partidos Perú Posible (de Alejandro Toledo Manrique), Fuerza Popular (de Keiko Fujimori Higuchi) y Partido Popular Cristiano (de Raúl Castro Stagnaro y Lourdes Flores Nano).

La idea de votar en bloque es que los congresistas de la república voten políticamente y no en base a sus conciencias (si es que las tienen) o en base a sus ideas personales. Es decir, se votó en bloque para que los congresistas cumplieran las órdenes del Ejecutivo (Ollanta Humala) según lo pactado entre el oficialismo y los otros tres partidos políticos.

 

¿El objetivo? Pues controlar a los tres poderes autónomos del Estado para bloquear "legalmente" cualquier acción en contra del Gobierno. Ahora, el Ejecutivo podrá manipular la Constitución de la República desde el Tribunal Constitucional, bloquear los reclamos y las defensas de la ciudadanía desde la Defensoría del Pueblo y llevar a cabo las medidas neoliberales en la economía del país desde el Banco Central de Reserva según se lo mande y ordene al Gobierno el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

 

El trasfondo de esta situación es claro. Hace pocas semanas visitó el Perú el Presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kin, y a los pocos días el Gobierno anunció lo que era ya un hecho: Medidas económicas en varios aspectos, como la polémica Ley de Servicio Civil (D.L. 30057), ante las cuales la ciudadanía se levantó prontamente, de manera que se fomentaron disturbios en varias zonas del país y de Lima.

Ahora, en el control del BCR a través de los tres nuevos miembros de su Directorio, el Gobierno podrá llevar a cabo las medidas económicas neoliberales que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional manden, dicten y ordenen. Estas medidas serán respaldadas "legalmente" por el TC, que ahora está dominado por la alianza entre el oficialismo y el fujimorismo. Como inevitablemente la ciudadanía responderá con disturbios, huelgas y manifestaciones, el Gobierno, con el dominio de la Defensoría del Pueblo, podrá bloquear, impedir y eliminar cualquier tipo de queja, defensa o reclamo ciudadano a través de este organismo autónomo del Estado.

Otra medida que esta nueva alianza entre el oficialismo y el fujimorismo tomará será desgastar la candidatura del señor Alan García Pérez, quien será un rival difícil para ambos movimientos en las elecciones de 2016. Y finalmente, esta nueva alianza fujihumalista abre paso para una nueva revisión del indulto al exdictador y genocida Alberto Fujimori Fujimori, padre de la lideresa del Fujimorismo, Keiko Fujimori Higuchi.

En resumen, la repartija de hoy ha devenido en un Golpe de Estado, pero no hacia el Gobierno, sino hacia la ciudadanía peruana. El actual Gobierno, en la repartija de hoy, tiene en sus manos y control el futuro constitucional y económico de la débil democracia peruana en los siguientes años con miras a las elecciones presidenciales del año 2016.

 

No olvidemos, pues, que en el año 1997, el por ese entonces dictador Alberto Fujimori Fujimori perpetuó una repartija similar en el Congreso de la República, el cual dominaba él. Se hizo con el poder del BCR, del TC y de la Defensoría del Pueblo para su rereelección del año 2000 y que lo llevaría a su tercer gobierno ilegal y dictatorial.

 

En pocas palabras, y en resumidas cuentas, el actual Gobierno del Presidente Ollanta Humala Tasso acaba de darle a la ciudadanía peruana un nuevo Golpe de Estado, el segundo en la historia del Perú, y que termina por cerrar el viraje traidor y deplorable del oficialismo hacia sus votantes. ¡Vergüenza nacional!

 

 

 

Miércoles 17 de julio de 2013
(Editado el jueves 18 de julio de 2013)

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